En ambos casos existen razones y argumentos suficientes para justificar o rechazar la aplicación de este gravamen. Es verdad que las medidas policiales y judiciales no son suficientes para atajar el fenómeno de la piratería, un auténtico problema social que está ocasionando graves daños no sólo a la industria cultural, sino fundamentalmente a los artistas y creadores. De hecho el año pasado en España se bajaron de la Red de forma ilegal 80 millones de películas y 509 millones de archivos musicales, lo cual explica por igual la caída de un 5,8% en las ventas de música grabada y el descenso de un 9% en los ingresos de la taquilla cinematográfica. En el mismo sentido, la venta y alquiler de películas han registrado un retroceso del 26%, mientras que la comercialización de CD, DVD, MP3 y ordenadores ha crecido exponencialmente. Obviamente, la libertad que ha favorecido la rápida expansión de Internet y el difícil control de los intercambios de archivos digitales hacen necesaria alguna medida de protección y compensación para los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la aplicación de un canon digital para todos los consumidores no sólo no garantiza la desaparición de la piratería, sino que además parece extender la responsabilidad de la misma de forma indiscriminada a cualquier persona y a cualquier producto susceptible de grabar archivos digitales. Al mismo tiempo, la introducción de este gravamen compensatorio implicará una subida de los precios de todos esos productos, con lo cual se producirá un inmediato e indeseado efecto sobre la penetración y el desarrollo en nuestro país de la llamada Sociedad de la Información. Estamos, pues, ante un complejo problema que tendría una mejor solución si existiera una mayor concienciación y una actitud mucho menos comprensiva y tolerante con una práctica ilegal que no perjudica tanto a las grandes multinacionales del disco y el cine, como a unos artistas y creadores que tienen en sus derechos de autor su medio fundamental de vida.